Por Paula Inchaurraga, para ANRED
Mariano Ferreyra fue asesinado por denunciar la precarización laboral bajo la lógica de las tercearizadas, en el marco de una medida de lucha para reclamar un puesto de trabajo. Cristian Ferreyra también fue asesinado, por exigir tierras pertenecientes a comunidades originarias, que hoy en día, están en mano de empresarios agrícolas. Ambos militantes, que reclamaban por la dignidad del trabajo y la tierra, en una sociedad donde siempre se benefician los mismos. Ezequiel Ferreyra de 6 años murió por el trabajo infantil y la manipulación de agrotóxicos en una empresa avícola. Tres apellidos iguales, que muestran una radiografía de los tiempos que corren.
Mariano Ferreyra
El militante del PO estaba en una movilización junto a trabajadores del Ferrocarril Roca cuando recibió un balazo de una patota de la Unión Ferroviaria. El gremialista José Pedraza está acusado de haber instigado el ataque como una manera de “aleccionar” a los tercerizados para que no volvieran a protestar. La jueza dio cuenta que el titular de la Unión Ferroviaria estaba vinculado a una de las empresas tercerizadas y que pudo haber tenido un “interés político o económico”. A su vez, policías y jueces están en la mira de la investigación.
Imputados
Hasta el momento, los detenidos son el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza; su segundo Juan Carlos "Gallego" Fernández y otras ocho personas, entre ellas el presunto barrabrava Cristian Favale y el ferroviario Gabriel Sánchez, sindicados de ser los autores de los disparos.
Coimas a jueces
La investigación tiene en la mira a los jueces Mariano González Palazzo, Gustavo Mitchell y Eduardo Riggi. Este último es quien aún persiste en su cargo como integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal. La investigación apunta a determinar si existió la intención de parte de los acusados de “tentar” con coimas (entre 50 mil y 75 mil dólares) a los jueces de Casación para favorecer a los imputados en la causa, entre ellos el propio Pedraza.
Después de analizar escuchas y seguir la ruta de un fajo de 50 mil dólares, el juez Luis Rodríguez llegó a la conclusión de que habría existido un intento de soborno dirigido a la Cámara de Casación Penal para beneficiar al titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y liberar a los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra.
Por eso resolvió llamar a indagatoria por presunto cohecho y tráfico de influencias a quienes sospecha que formaron parte de esa maniobra, empezando por el propio Pedraza, el contador del gremio Angel Sta-fforini, el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, el secretario de Casación Luis Ame-ghino Escobar (h) y el agente de la Secretaría de Inteligencia (SI) Juan José Riquelme. Están citados entre el 5 y el 16 de diciembre. Todavía está en pleno desarrollo la investigación sobre la presunta participación de tres jueces en los hechos.
La policía
Por otro lado, la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos de seis policías acusados de haber liberado la zona de Barracas. Así, quedaron al borde del juicio Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal; Jorge Raúl Ferreyra, comisario de la División Roca de la Policía y quien estuvo a cargo del operativo; Luis Alberto Echevarria, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30; y el comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas.
En todos los casos los procesamientos no incluyen prisión preventiva, y menos Villalba, todos fueron imputados por el delito de abonado de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud.
Cristian Ferreyra
“Cristian tenía 23 años, dos hijitos, una vida activa, militante, de la lucha por la vida campesina, del Mocase-VC, organización campesina del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Vivía en la comunidad de San Antonio, organizada en la COPAL, central campesina en Monte Quemado, en Santiago del Estero. Región en la que las comunidades campesinas vienen siendo hostigadas por el agronegocio desde hace tiempo ya, agresiones que cuentan con el aval y apoyo de sectores de la justicia y el ejecutivo santiagueño.
Desde el MNCI venimos denunciando la gravedad de la situación: allanamientos clandestinos, ordenes de detención a dirigentes campesinos, detenciones ilegales a referentes campesinos, destrucción de una radio FM, amenazas con armas de fuego a jóvenes, matones armados, ataques de infantería, y la lista sigue....
El mismo juez que está a cargo de la causa del asesinato de Cristian, es el juez que mantuvo preso más de una semana a uno de nosotros, Ricardo Cuellar, una detención ilegal que terminó cuando el Movimiento se movilizó hasta la comisaría, el juez se escapó del juzgado y ordenó a la policía que lo liberaran. Esa es la institucionalidad que rige en Santiago del Estero. Todos estos hechos han sido debidamente denunciados al Gobierno Provincial”, sostenía el comunicado emitido por el Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Desmontes y desalojos. A través de un comunicado, la organización ecologista Greenpeace reclamó que se frenen "los desmontes y los desalojos" en la provincia norteña, al considerarlos los motivos reales de la muerte de Ferreyra. Su homicidio "es una lamentable consecuencia del avance del desmonte en zonas habitadas debido a la poco clara y efectiva protección que tienen los pobladores tradicionales", remarcó la entidad.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpace, indicó que "la gran mayoría" de los campesinos y pobladores originarios de la zona "no ha podido obtener la titularización de las tierras que habitan desde hace muchos años", por lo que "son cada vez más los casos donde el conflicto en torno a la tierra termina dirimiéndose por la fuerza"
Detenciones
Hasta el momento, se ha informado desde los Juzgados de Monte Quemado, que se habría procedido a la detención de Carlos y Mario Abregú, y Walter Juarez, miembros del grupo armado contratado por el empresario José Ciccioli. El autor material Javier Juarez sigue prófugo.
Carlos González, integrante del Mocase, reiteró hoy por Radio América que el ruralista sojero, oriundo de Santa Fe, sería el autor intelectual del crimen debido a que a Ferreyra lo mataron el día y en el lugar en que la organización se juntaba para denunciarlo por desmontar campos sin autorización. "Él está interesado en sacarnos las tierras para cultivar soja y contrataron gente armada", enfatizó.
Asimismo, sostuvo que la Justicia de Santiago del Estero desoyó las reiteradas denuncias por amedrentamientos que la organización ya había radicado contra Javier y Arturo Juárez, los supuestos matones. "La muerte de Cristian es el resultado final de cuatro meses de amenazas. Se hicieron las denuncias pero la Justicia no intervino porque hay impunidad. Es un crimen organizado, premeditado y no una riña entre campesinos", sostuvo.
En la misma línea, el Mocase expresó en un comunicado que "en varias oportunidades el empresario Ciccioli, amenazó públicamente que mataría a un campesino del Mocase Vía Campesina para que dejen de ’molestar’".
Según relata una nota publicada hoy por Tiempo Argentino, todo comenzó cuando a través de la radio del Mocase, único medio de comunicación de la comunidad San Antonio, los campesinos habían convocado a una reunión en la casa de uno de ellos, César Godoy. El encuentro se pautó para el miércoles pasado a las tres de la tarde con el fin de organizar una denuncia contra el empresario santafesino Ciccioli en la Dirección provincial de Bosques por desmontar los campos sin autorización.
Todavía era temprano y sólo algunos habían llegado al punto de encuentro, entre ellos Cristian con su familia. Según relataron los testigos, los hermanos Juárez, entre ellos Javier, sindicado como el autor material del asesinato, junto a otra persona de apellido Palomo, llegaron en camioneta. Cuando los campesinos salieron a la puerta del rancho, los Juárez dispararon sus escopetas e hirieron de bala a Godoy, mataron a Ferreyra, y golpearon a varios integrantes de la reunión.
En 1996 la provincia tenía sólo 95 mil hectáreas con soja. En 2008, 629 mil hectáreas y en 2010, al record de 1,1 millón de hectáreas. Según la ONG Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) hasta 2010 había 164 conflictos de tierras y ambientales, casi 8 millones de hectáreas.
Ezequiel Ferreyra
El 16 de noviembre se cumplió un año de la muerte por cáncer de Ezequiel Ferreyra, víctima, desde los cuatro años, del trabajo infantil en la empresa avícola Nuestra Huella. Ezequiel, de 6 años, era explotado entre el guano, la sangre de las gallinas y frecuentemente manipulaba agrotóxicos peligrosos para la salud. A pesar de la trascendencia e indignación que generó la muerte de este niño, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el sobreseimiento a las dueñas de la empresa avícola Nuestra Huella (Leticia Luace, Alejandra López Camelo y Lucia Peressa), informó la Agencia ANRed.
Días antes, el Juez Charbay rechazó la causa 2199/08 que le remitiera el Juzgado de Garantías en lo penal de Campana en la que se acreditaba luego de tres años de investigación, la reducción a la servidumbre, el trabajo infantil y la trata de personas con fines de explotación laboral en Nuestra Huella. El Juzgado provincial se declara incompetente una vez que prueba la trata y remite las actuaciones como corresponde al Juzgado Federal que ya entendía en otra causa sobre trata de personas en la misma empresa. Sin embargo, Charbay rechaza el expediente, desestima lo que otros jueces ya juzgaron y se sacó de encima las contundentes pruebas, para luego facilitar el sobreseimiento de los directivos de la empresa.
Según la denuncia de la ONG La Alameda, el niño y su familia, llegaron a Buenos Aires en 2007, traídos por la misma empresa, Nuestra Huella SA, que tiene granjas en Zárate, Pilar y Capilla del Señor. "Fueron reclutados en Misiones a fines de 2007. Estaban en situación de pobreza extrema y para traerlos se les prometió trabajo estable, casa, comida y traslado. Cuando llegaron a la granja La Fernández, de Pilar, encontraron siete galpones, con 20.000 gallinas en cada uno. Aparte de recolectar los huevos tenían que limpiar la sangre y el guano de las gallinas manipulando venenos. El padre de Ezequiel tenía una deuda con la empresa a cambio del trabajo y la casa, para eso tenía que hacer todo el trabajo de un galpón él solo, una tarea que tendrían que atender 5 o 6 personas. La única forma de cumplir era trabajando toda la familia", relató Vera al portal Perfil.
La denuncia de La Alameda se realizó en 2008, tras filmar un video en el que Ezequiel, que por entonces tenía 4 años, contaba cómo trabajaba y cómo manipulaba veneno para matar las moscas de los huevos. Inmediatamente el papá de Ezequiel fue blanqueado en el trabajo, y trasladado a otra granja de la empresa, la misma que fue allanada el viernes último. "Los padres están en situación extorsiva, la empresa los amenazó", aseguró Vera a Perfil
Según un comunicado de la ONG, "el allanamiento estuvo ’avisado’ a los encargados de la empresa con varios días de anticipación. El martes 9 de noviembre hubo un singular operativo de la delegación del Ministerio de Trabajo de Campana acompañados por policías de la provincia, en donde los trabajadores fueron testigos de que se le avisó a los encargados que de un momento a otro habría un allanamiento en esa granja". Pero además, gracias a esta advertencia, "el capataz de la empresa, Ceferino Veiro, se encargó de retirar parte de los venenos más mórtiferos de la granja (Nuvan, Furadan, Cipermetina) en su camioneta, a la vez que cortó el pasto, colocó carteles por medidas de higiene y seguridad, entregó flamante ropa de trabajo (botas, pantalones, camisas) a los trabajadores y los instruyó a no llevar esos días a los niños a trabajar en los galpones". Se trata de información otorgada por empleados de la granja.
Ezequiel había sido internado a fines de septiembre en la Clínica de Pilar, luego de un desmayo. De allí fue derivado a la Clínica del Centro de La Plata, donde le detectaron el tumor, pero nuevamente fue derivado a otro centro de asistencia ubicado en la localidad bonaerense de Laferrére, donde los médicos lo operaron. Luego, por decisión de la empresa avícola, fue llevado al Centro Gallego donde murió.
Según la denuncia de La Alameda, el Centro Gallego tiene entre sus directivos vínculos estrechos con los dueños de la empresa avícola, por lo que sospechan que el niño fue derivado allí para esconder información sobre su salud.
"Cientos de familias más son esclavizadas del mismo modo que la familia de Ezequiel en unas 70 granjas dispersas por Pilar, Zarate, Campana, Exaltación de la Cruz y Córdoba donde muchísimos chicos están expuestos a correr la misma suerte que Ezequiel. Esas granjas son propiedad de «Nuestra Huella», una empresa que gozaba de prestigio y liderazgo en el mercado avícola y que tenía clientes poderosos como Wall Mart y Carrefour, hasta que comenzó a conocerse su costado más oscuro: trabajo esclavo e infantil, alambrados electrificados, trata y tráfico de personas", aseguran desde la ONG.
Reflexiones
El hecho de que Mariano, Cristian y Ezequiel tengan el mismo apellido es una mera coincidencia del destino. Pero los tres corrieron la misma suerte: la muerte ante la injusticia reinante, la complicidad de las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y la connivencia con los estamentos estatales. Los negocios mueven los hilos de esta impunidad reinante. En los tres casos, las empresas (TBA y las tercerizadas del ferrocarril; la compra de tierra, el desmonte y la soja; las empresas avícolas y sus agrotóxicos) muestran lo poco que vale la vida bajo la lógica de la acumulación.
