Dos medidas tomad
as por el gobierno municipal, fiel representante de un Estado que reprime y coarta libertades; ya sea por represión abierta o a través de sus instituciones, merecen nuestro más enérgico repudio: la instalación de cámaras de vigilancia; como ejercicio de control social y de restricción de libertades; y la habilitación, Ministerio de Seguridad de la Nación mediante, para que Gendarmería Nacional patrulle las calles de la ciudad.
Sin ruborizarse, el municipio anuncia con bombos y platillos lo que será un avance hacia la criminalización de los barrios pobres (¡que existen, aunque el poder dominante lo invisibiliza!) y de las/os jóvenes; que son objetos de detenciones arbitrarias por parte de la policía comunal.
En otras ocasiones denunciamos la concertación de los medios de comunicación (particularmente del diario La Vanguardia, perteneciente a Multimedios Balcarce) y de los sectores políticos de la derecha mas recalcitrante (UCR y Unión – PRO), que pretendían impulsar; como propuesta política, el establecimiento de Gendarmería para que se sumara a combatir “la violencia sin control” e “inseguridad galopante”, que se venia dando en Balcarce. Como coro ensayado, coincidían las voces de los multimedios y las declaraciones de estos nefastos personajes; instalando una idea – fuerza de que estábamos ante una situación preocupante, en materia de seguridad publica. Lo que estos seudos - “representantes del pueblo” (concepto que rechazamos) pretendían, no dista nada de la acción emprendida por el intendente José Enrique Echeverría (representante local del kirchnerismo) y toda su ristra. Seguridad, es la justificación mas rápida y efectiva para avanzar en la coacción.
Seguridad que esta en manos de personeros funestos, como Scioli y Casal, que aun hoy no pueden dar cuenta de la desaparición física de Luciano Nahuel Arruga en manos de la policía de Lomas del Mirador hace más de dos años. Seguridad que se ejecuta en las malditas policías bonaerense (y de todas las provincias) y comunales, que son jueces del transito callejero; deteniendo arbitrariamente a quienes son “portadorxs de rostro” y que aparentan ser sospechosxs.
Cualquier pibx morochx y “con pinta de sospechosx” puede ser levantado por un patrullero en una esquina, ser llevado a una comisaría y ser golpeado o torturado hasta la muerte. O también puede ser encarcelado por las dudas, por tener cara de delincuente y comerse 4 ó 5 años en cana esperando el juicio. Más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, porque no han sido juzgados ni condenados, como señala la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) en su informe anual del año 2010. O le pueden meter un tiro en la espalda sólo porque sí, como a Rodrigo Corzo, a Jonathan Mansilla o Romina Lemos; o en la nuca, como a Marcelo Bogado y a Mauro Vega, o el terrible caso, que conmoviera a nuestra ciudad, de Federico Taja.
Esto es lo que hace el Estado en materia de seguridad. Gatillo fácil, represión policial e institucional, torturas, coacción sistemática contra distintas organizaciones populares (casos como los de Roberto Martino; dirigente del MTR, y de la apertura de causas de compañeros de Quebracho).
En este sentido, es momento que hablemos de las vinculaciones entre la inseguridad y las fuerzas que, se supone, deben combatirla. Hablemos de las altas tasas de desocupación, precarización laboral, trabajo en negro, condiciones paupérrimas e inseguras a las que están sometidxs lxs trabajadorxs; particularmente rurales. Hablemos de la discriminación y marginalidad que se ejerce sobre lxs pibxs pobres, “lxs morochos”, “lxs negrxs”.
Sin dudas, un tema que dispara diversas opiniones y enredados debates; incluso en el seno de las organizaciones sociales. Pero, en este sentido, nosotrxs no creemos que sea con más fuerzas de seguridad dispersas en la ciudad ni cámaras de vigilancia; donde se encuentra la solución; como pretendidamente lxs dogmaticxs hacen uso en sus discursos.
Debemos garantizar hambre cero y desocupación cero, la apertura de foros de seguridad vecinales (como prometiera el intendente municipal, en una audiencia con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) que ejerzan control ciudadano en las fuerzas de seguridad, la construcción de un Observatorio de Derechos Humanos; que asesore y contenga a violentados/as por represión policial e institucional y a familiares de victimas.
Primeros y fundamentales pasos, que garantizarían democracia y efectiva seguridad.
Llamamos a todas las fuerzas sociales, de diversos ámbitos, a pronunciarse y no callar ante una evidente embestida represiva.
Colectivo ECA
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