DECLARACION DEL COLECTIVO ECA

A 5 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ

Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006 se disponía a encontrarse con su abogada, para presenciar la condena al represor Miguel Etchecolatz, que seria condenado a prisión perpetua en cárcel común, por delitos de lesa humanidad. Ese mismo día se perdía todo rastro sobre él.
Al frente: dos gobiernos, el Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, inoperantes, sin garantías para lxs testigos de causas por delitos de esta índole, como lo demuestra la misteriosa muerte de Silvia Suppo (testigo clave en la causa que se le imputa al ex juez Brussa en la provincia de Santa Fe); policías cómplices que mantienen en sus estructuras a quienes fueron verdugos o participes directos de los centros clandestinos de detención durante la ultima dictadura cívico militar; Justicia vacilante, la cual no sólo no brinda protección, sino que además -como sucede en muchas causas- no efectiviza los juicios, otorga el beneficio de arresto domiciliario a genocidas y participes, y no avanza sobre las colaboraciones civiles.
Pero Julio López no es uno más. Desde el 2003 hasta la fecha, son más de 1400 los casos por gatillo fácil, en manos del aparato represivo con el que cuentan las Fuerzas Provinciales y Nacional, y más de 3000 desde el retorno a la Democracia. Esto es una cuenta pendiente que tiene el Gobierno de la Nación. Si de veras hay interés en los Derechos Humanos, es momento de desmantelar definitivamente la estructura represiva institucional, que coarta la libertad de todxs, con la excusa de más seguridad. La verdadera inseguridad esta en la policía que mata a lxs pibxs en la calle.

Para nosotrxs la inseguridad está en la desigualdad, en la carencia y nulidad de oportunidades, en la matriz redistributiva neoliberal que aún rige los parámetros de este modelo; que profundiza la brecha entre pobres y ricos.
También es momento de derogar la Ley Antiterrorista o “Ley Bush”, proyecto que fue firmado por diputados del GEN, la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, el Peronismo Federal y el Partido Socialista, aconsejado por el “Paladín de los DDHH” Baltasar Garzón, quien a pesar de su discurso, guarda en sus pagos europeos un denso prontuario represivo.
Entre los 19 delitos que se consideran “terroristas”, se encuentran a saber, el corte de calles o rutas, el atentado y resistencia a la autoridad (que típicamente se aplican a manifestantes callejeros, organizados o no), y también se prevé el “premio al delator”, con sensibles rebajas de pena para quienes denuncien a sus compañerxs.
En medio de esta avanzada represiva, lxs que denunciamos y luchamos contra las injusticias en busca de un mundo mejor, debemos profundizar el reclamo por la liberación de lxs presxs políticxs y el desprocesamiento de lxs miles de compañerxs a lxs que se les han abierto causas.
Rechazamos la baja de edad de imputabilidad que pregonan personajes nefastos, como Scioli y Casal, acompañado por el coro de la derecha reaccionaria, con personeros como De Narváez. Ningún pibe nace chorro. Ningún pibe nace con un arma en la mano. Ningún pibe nace alcoholizado o drogado. No se puede concebir que se gaste más presupuesto en equipar a la bonaerense o las policías comunales, que en garantizar y promover las Leyes 13.298 y 13.634, que acuerdan el Sistema de Promoción y Protección de Derechos a la Niñez y la Adolescencia.
Las responsabilidades no sólo son gubernamentales. Comunicadores, desinformadores, multimedios corporativos al servicio de las clases dominantes -como quedó evidenciado en el respaldo explicito al lock out agro patronal-. Periodistas que se dicen independientes y de primera línea, pero son los primeros que criminalizan a la juventud, la pobreza y la protesta social. El diario La Vanguardia, por ejemplo, publicó en tapa en las ediciones del 12/13 de Junio y 21 de Septiembre de 2010, dos informes donde dan cuenta de, lo que para ellos, constituye la radiografía de la sociedad balcarceña. En los mismos se da cuenta de que la juventud esta cada vez más violenta, que aumentó el consumo de alcohol y drogas en esta capa social, entre otras tantas afirmaciones incoherentes. Lo que en realidad se esconde detrás de esta máscara desinformativa, está íntimamente vinculado a apuntar y estigmatizar a lxs pibxs pobres, esxs mismxs que para ellos y el discurso dominante que proclaman, son blanco fácil para ingresar a la delincuencia y el consumo de drogas.
Esto se corresponde con una cadena de obediencia debida. Al tiempo en que estos desinformadores instalan la idea de una sociedad (y particularmente juventud) pobre y más violenta; concejales desfilan por estudios de radio y opinan en páginas de diarios, de medios acordes a estas posturas.
Con la intención de potenciar la idea de una “inseguridad atroz e imparable”, desde estas empresas mediáticas, se proponen medidas de carácter represivas como la implementación de Gendarmería Nacional en las calles (política expuesta por concejales de Unión Pro), o la estigmatización de las barriadas populares.
No olvidemos cuando el concejal de la UCR Esteban Reino, afirmaba que los barrios que se comprenden en Zona Integración y Pueblo Nuevo estaban sufriendo un proceso de conurbanización. Le hacemos notar, por si no lo sabe, que estos barrios están habitados por trabajadorxs, estudiantes y una considerable cantidad de niñxs, jóvenes, y desocupadxs.
En época de votos, todo es válido. Hasta sectores que se dicen progresistas y democráticos o nacionales y populares, no han pronunciado palabra alguna con respecto a la violencia policial e institucional, que es moneda corriente, o particularmente al caso de gatillo fácil, que diera fin a la vida de Federico Taja. En las fotos, todxs sonríen. En la denuncia, nadie habla.
Todo esto se corresponde a un sistema perverso, que aún en la decadencia de sus franquicias tiene como iniciativa la represión a la movilización social; la estigmatización a la juventud, a la pobreza y a la protesta social. Lo demuestran los desalojos violentos en España, Italia, Inglaterra, Grecia, y las medidas de corte neoliberal implementadas.
Pero también lo demuestra la desaparición en vida de Luciano Nahuel Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009 en manos de la maldita policía de Lomas del Mirador. Detenido
Por lo tanto, la desaparición forzada de Jorge Julio López, de Luciano Nahuel Arruga (desaparecido el 31 de enero de 2009 en manos de la maldita policía de Lomas del Mirador. Detenido y perseguido por la “fuerza de seguridad”, por haberse negado a robar para la misma), de mujeres y niñxs secuestradas por las redes de trata, y los casos de gatillo fácil, están intrínsecamente vinculado a un sistema que beneficia a unxs pocxs. Que castiga a lxs pobres, que persigue a lxs luchadorxs populares (más de 3000 están procesados), que mantiene elementos represivos en sus instituciones y que actúa como en los tiempos más nefastos de nuestra historia.

Por esto nos pronunciamos y exigimos:

- APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA, MUJERES Y NIÑXS EN MANOS DE REDES DE TRATA.
- EFECTIVIZACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES A REPRESORES, PARTÍCIPES Y CÓMPLICES DE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR. CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA PARA LOS GENOCIDAS.
- BASTA DE REPRESIÓN, GATILLO FÁCIL, JUDICIALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA POBREZA.
- LIBERTAD A LXS PRESXS POLÍTICXS. LIBERTAD A KARINA “LA GALLE” GERMANO. DESPROCESAMIENTO YA DE TODXS LXS LUCHADORES POPULARES.
- DEROGACIÓN DE LEY ANTITERRORISTA.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS,
NO NOS RECONCILIAMOS CON EL PASADO.


COLECTIVO ESPACIO CULTURAL ALTERNATIVO.